La pandemia del COVID-19 amenaza con borrar décadas de progreso en materia de reducción de la pobreza. El Perú enfrenta una de las peores crisis sanitarias y económicas asociadas con el COVID-19 en el mundo. En agosto de 2020, el país alcanzó la tasa de mortalidad más alta por millón habitantes a nivel global y la segunda más alta de casos confirmados en América del Sur. Las medidas de cuarentena generalizada en el Perú contribuyeron a una disminución de 17.4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer semestre de 2020, así como una reducción del 55.1% del empleo en Lima, proyectándose con ello un incremento de 13% de la pobreza, la que alcanzaría a un tercio de la población nacional. Los más vulnerables: las familias que habitan viviendas de mala calidad. La pandemia ha confirmado que la vivienda de mala calidad tiene serios impactos en la salud y en la vida de las personas: el 90% de hogares en países en desarrollo no puede cumplir con las seis recomendaciones de la OMS para protegerse del COVID-19, entre ellas el aislamiento social y el lavado constante de manos. El Perú no ha sido ajeno a esta realidad: los casos de contagios y fallecimientos por COVID-19 se encuentran positiva y significativamente correlacionados con las carencias habitacionales, que afectan fundamentalmente a los hogares más vulnerables, ubicados en las periferias de Lima y de las principales ciudades.